«Temo por mi vida y la Justicia me da la espalda», denuncia una santafesina


“Temo por mi vida y la vida de mis hijos. A mí me pegó en la cara cuando tenía el bebé en brazos y al más grande lo azotó contra la camioneta y lo insultó una y otra vez. Cada vez que se enojaba, se ponía agresivo y violento. Nos gritaba. Me decía que era una basura. No me dejó volver a trabajar cuando tuve a los chicos. Cuando vivimos en San Justo y en San Cristóbal, llegó a poner cámaras en la casa para vigilarnos. Además, tiene un arma escondida debajo de una cama”, expresa la denuncia que radicó en el Centro Territorial de Denuncias de la ciudad de Santa Fe, el 3 de mayo de 2022.

Sin embargo, pese a una primera medida judicial, su expareja no fue excluida del hogar ni se le retiró la pistola que tiene en su poder, tal como establece la ley. Patricia ahora también sufre violencia institucional por falta de perspectiva de género de jueces y fiscales, y por el incumplimiento sistemático de la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La historia de esta santafesina empezó hace 10 años, cuando se casó con el padre de sus hijos. En un principio desestimaba sus enojos y sus reacciones, pero con el tiempo empezó a darse cuenta que las situaciones que vivía se ponían cada vez más violentas. En soledad, intentó salir adelante y aguantarse cada uno de los maltratos. “Me alejó de todas mis amigas y en ese momento había muy poca información. Hoy me doy cuenta de que es la forma de actuar de toda persona violenta”, contó.

Cuando sus hijos empezaron a crecer –hoy tienen 3 y 8 años– las cosas empeoraron. Los primeros días de mayo se fue con ellos a la casa de su mamá y radicó una denuncia. “Vengo a realizar esta denuncia porque temo por mi vida y la vida de mis hijos. Mi marido me golpeó y también golpeaba a mis hijos. No me dejaba salir sola, nos tenía encerrados en la casa», contó Patricia en diálogo con AIRE.

Inmediatamente, el fiscal Omar de Pedro, quien estaba de turno en ese momento, resolvió una medida de exclusión para su expareja por 72 horas. El hombre debió haberse ido del hogar que compartían, ubicado en la ciudad de Santo Tomé, y luego el juez Alejandro Azvalinsky ordenó una medida de distancia por un plazo de seis meses para ella y de 30 días para sus dos hijos. Además, le dieron un botón antipánico. Hasta ese momento, parecía que las cosas iban a mejorar para los tres.

¿Justicia sin perspectiva de género?

Sin embargo, la exclusión se levantó porque la policía “no encontró” a Patricia en el domicilio, ya que la mujer estaba en la casa de su mamá por la situación de violencia que estaba atravesando. Y, por otra parte, porque el personal policial de la Sub Comisaría 13° de Santo Tomé tampoco encontró al hombre denunciado. La medida quedó sin efecto y el hombre se quedó en el domicilio.

DENUNCIA.jpg

Patricia había salido con lo puesto, por lo que el 14 de mayo decidió volver, sabiendo que en ese momento su expareja no se encontraba en la casa. Para su sorpresa, la cerradura estaba cambiada y había un candado en la reja de la cochera, por lo que tampoco pudo recuperar su auto. “La situación no pudo ser más indignante. Después de todo lo que pasé y del miedo que tenía, me encontré con esa situación. Estaba con mis hijos, me descompensé y cuando pude, nos acercamos a hacer la denuncia en la comisaría”, contó.

“Se atrincheró –continuó– y la Justicia sólo me habilitó a que fuera a buscar mi documento y mis efectos personales, estando él presente, una locura, cosa que por la medida de distancia no corresponde. Por eso me recomendaron que no fuera. Él se quedó en la casa, y yo estoy con los chicos en lo de mi mamá, en la ciudad de Santa Fe, cuando la lógica y la ley determinan que debería ser al revés. De hecho, existió esa medida de exclusión que dejaron sin efecto”, explicó.

La justicia excluyó a la víctima de su propio hogar, y pese a los reiterados pedidos, aún no le dieron una respuesta.

Por otra parte, pasados los 30 días de la medida de distancia de sus hijos, el 24 de junio la justicia resolvió disponer un régimen de comunicación dejando que el hombre los vea y hasta que pasaran las vacaciones con él. “Hay una denuncia por violencia familiar y de género y mis hijos pasan varios días con su papá. En la casa tiene un arma y practica arquería. Nada de eso fue tenido en cuenta”, contó. Según la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (N° 26485), nadie con ese tipo de denuncias puede poseer armas de ningún tipo.

Sin respuestas de la Justicia

La causa se remitió al Tribunal Colegiado de Familia N° 3, Secretaría 1, donde Patricia también solicitó el divorcio. Volvió a pedir el regreso a su hogar “donde sus hijos tienen su centro de vida”. Insistió en que se disponga la exclusión de la persona que la violentó durante años. Pidió también el cuidado unilateral de sus hijos e inició una demanda por alimentos. A la fecha, habiendo pasado tres meses, la mujer aún espera una respuesta por parte de la justicia.

Pero la historia no termina ahí, porque el hombre denunciado también incumple la medida de distancia que tiene con Patricia. “Los primeros días de agosto tuve que volver a denunciar a mi expareja porque me estaba esperando a dos cuadras de la casa de mi mamá, porque sabe el camino que tomo cuando vuelvo del trabajo ¿Hasta cuándo se va a permitir que me siga hostigando de esa manera? Realmente parece que están esperando que pasé lo peor”, dijo angustiada.

Otra de las irregularidades que cuenta Patricia con una gran decepción es que la denuncia penal por violencia sexual y amenazas fue desestimada por la fiscal Jorgelina Mosser Ferro “por falta de pruebas”. Sin embargo, nunca la citaron a declarar. “Simplemente la desestimaron (a la denuncia). Porque claro ¿cómo comprobás abuso sexual en la intimidad? ¿La ley que nos protege no indica que no se necesitan pruebas para esto?», cuestionó. La mujer pidió que se le informe el estado de la causa a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Familiar y de Sexual y efectivamente había sido archivada, por lo que pidió que se la desarchive. Hasta el momento, no tuvo ninguna respuesta.

Patricia dio un gran primer paso, que fue poder alejarse del hombre que la violentaba, mientras muchas mujeres –por cuestiones económicas, habitacionales o de cualquier otra índole– no pueden hacerlo y deben permanecer durante años con sus parejas, aunque sus propias vidas estén en peligro. “Quiero contar mi historia para que a otras mujeres que viven lo que yo pasé no les ocurra lo mismo. Pero necesitamos que la justicia no nos dé la espalda”, exigió. “Los jueces y los fiscales deben tener conocimiento y perspectiva de género, porque la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es clara, y debe ser cumplida”, concluyó.

Qué dice la ley

La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tiene como objetivo “promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. En este sentido, la Dra. Susana Sguario –quien representa a Patricia desde el 3 de mayo, cuando realizó la denuncia en el Centro Territorial de Santa Fe– dialogó con AIRE y dijo que “en este caso en particular, y seguramente en muchos otros, el contacto de la víctima con la Justicia es una experiencia traumática. Notamos que la inercia es parte de la tolerancia de algunas instituciones del Estado a las agresiones a mujeres”.

“En el caso de Patricia, entendemos que la Justicia está actuando con cierta resistencia en la aplicación de la Ley 26.485. Concretamente, se incumplió el ar. 26 de medidas preventivas urgentes, que ordenan la restitución inmediata de los efectos personales, prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas, entre otras cosas», expresa la letrada.

“En tanto –añadió– la citada ley también determina que en los casos de modalidad de violencia doméstica se establecen como medidas: prohibir al presunto agresor disponer bienes gananciales, ordenar su exclusión de la residencia en común independientemente de la titularidad de la misma, y decidir el reintegro a la vivienda de la mujer si ésta se había retirado previa exclusión del presunto agresor. Esto tampoco se hizo efectivo”.

Por otra parte, Sguario consideró que dada la estrecha relación que existe entre la dependencia económica y el mantenimiento de la denuncia en el tiempo, y como parte de las medidas protectoras, “es necesaria la provisión de una cuota alimentaria suficiente para la manutención económica de los hijos en común”. En el caso concreto de Patricia, el juez ordenó una cuota alimentaria del 15% para los dos hijos menores del salario del demandado siendo que dicho salario quintuplica el Salario Mínimo Vital y Móvil. Una cuota alimentaria que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de los menores».

No podemos aceptar que la violencia de género tenga un marco de impunidad y trasmitir a la sociedad un mensaje de tolerancia, generando, como en el caso de Patricia, un sentimiento de desprotección. Necesitamos una Justicia con perspectiva de género«, concluyó Sguario.



Fuente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *