Con el gasto en aumento, la gestión de Matías Kulfas fue la que más subejecutó


A pocos días del día del periodista, desde esta modesta columna de oficio reclamamos la incorporación de la materia “Operaciones rentadas por encargo” y “Construcción de agenda sinfónica” (es decir: A Dos Voces o más) a la currícula de las carreras destinadas a formar periodistas en universidades y terciarios. Ya se impone, anual, obligatoria y correlativa de todas, sobre todo de “Análisis del discurso periodístico” y “Hegemonía cultural y sinsentido común dominante”.

Va un ejemplo contemporáneo: esta semana los dos diarios impresos más influyentes en la formación de agendas y sus respectivos portales, con acostumbrada sincronización, instalaron un “estudio” acerca de cuántas personas trabajan en el Estado y cuáles son las reparticiones que pagan mejores salarios, en base a datos recabados de la Base Integrada del Sector Público. La nota, que se titula “Dónde se pagan los 50 mejores salarios del Estado en Argentina”, es en realidad una reposición de campaña (de la campaña de Juntos por el Cambio y Avanza la Libertad) que bien podría denominarse “militando el ajuste” y que en años anteriores entregó piezas imperdibles: “Más de 21 millones de personas cobran del Estado”, “Seis de cada diez argentinos recibe un cheque del gobierno”, “El Estado, gigantismo e ineficacia sin soluciones”, el más reciente “El Estado gasta 133 millones por hora en asistencia social” y otros raggaetones por el estilo.

No hay casualidades: los medios son dispositivos esenciales de campaña, de instalación de discursos y candidatos. Forjado durante la última dictadura militar, en apogeo en los 90 y “no de nuevo” entre nosotros, el sainete de que el Estado gasta mucho y mal es uno que recitan muches y se asienta en dos pilares: no tengo pruebas, pero tampoco dudas y todo gasto estatal es un derroche salpicado de corrupción. Veamos una comparativa simple, para dejarnos de sofismas.

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Se explica solo, pero digamos que el total del gasto público en Argentina (es decir, el que insumen los servicios sociales, administración gubernamental, servicios económicos y de deuda y defensa y seguridad en los principales), medido en porcentajes del PBI, es mucho menor que en los países que nuestras derechas estadocidas admiran, incluso más bajo que en Brasil, donde Jair Bolsonaro hizo una reforma jubilatoria (jubilaciones y pensiones representan el 34% del gasto público brasileño) devastadora, como la que el macrismo no pudo concretar gracias a la resistencia popular. Digamos de paso que para justipreciar este dato habría que relacionarlo con el proyecto político, económico y social ejecutado: en los neoliberales máximo mercado y mínimo Estado y en los populismos inclusivos suele ser al revés, en dosis variables.

De hecho, y echando mano de dos informes rigurosos y pertenecientes a dos usinas de sociales y económicas que solemos utilizar, el gasto acumulado de los primeros cinco meses del año aumentó un 76% o su equivalente ejecutado de $5.473.010 millones (considerado que 2021 fue un año de contracción del gasto para impulsar el acuerdo con el FMI). Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en mayo volvió a acelerarse el ritmo del gasto hasta alcanzar un 75%, mientras que en abril había sido del 66%. Y los componentes que más crecieron fueron la administración gubernamental (138%) y servicios sociales (83%), gracias a las paritarias del sector público (aún por debajo de la inflación en promedio), los bonos a jubilados y otros refuerzos de ingresos.

Justamente por su participación en el total del gasto, éstos dos rubros son el monotema obsesivo de la oposición que promete sangre, sudor y lágrimas: achicar el Estado (el chiste es que el macrismo más que duplicó ministerios y secretarías con su correspondiente planta de personal; las cesantías por revancha ideológica fueron la fachada dramática de semejante estropicio) y reformular jubilaciones y legislaciones laborales.

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Un dato igualmente relevante para mensurar la incidencia de cada componente del gasto y las diferencias registradas entre los dos modelos que polarizan las preferencias electorales, es el que aporta el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

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Dos series notables y que explican la dificultad esencial del modelo de gestión del Frente de Todos y tensionan el slogan con que Presidencia relanzó la imagen gubernamental (“Primero la gente”): mientras los indicadores de actividad económica y particularmente las exportaciones vuelan –y en algunos rubros recuperan los niveles del primer gobierno de Cristina Fernández–, las jubilaciones y los salarios registrados siguen por debajo de los dejados por el macrismo en 2019. Se crece sin distribuir y se recaudan dólares por superávit de balanza comercial sin poder retenerlos para fortalecer reservas. Sumado al flamante achique destituyente de los prestamistas internos en pesos (bancos, fondos de inversión, empresas privadas), esenciales para financiar el gasto sin recurrir a mercados externos de deuda, emitir o ajustar contra el bienestar de las mayorías populares, que hizo desplomarse los bonos CER y tensiona una de las metas acordadas con el FMI.

La encerrona es clara, jamás una casualidad y requerirá una estrategia más agresiva que la que el presidente Alberto Fernández y su ministro clave, Martín Guzmán, están dispuestos a adoptar. Pero analicemos cómo se ejecutó el presupuesto prorrogado en el primer tramo, analizado por CESO: un indicador importante de actividad y eficiencia en el marco de una crisis que requiere acciones eficaces y permanentes.

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En el cuadro anterior vemos que, antes de la primera mitad del año, ya se ejecutó el 50,4% del crédito vigente para todo 2022, una cifra satisfactoria en términos globales que muestra desempeños muy disímiles si analizamos las distintas áreas de la administración pública. Mientras el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades gastó dos terceras partes del crédito anual (digamos todo: tiene el presupuesto más bajo de todos, apenas el 0,19% del total), el de Desarrollo Productivo (en el que aún no asume Daniel Scioli y cuyos números reflejan la gestión de Matías Kulfas) apenas gastó el 17,9% de los $139.499 millones asignados. Particularmente en el FONDEP (Fondo Fiduciario Publico, que tiene por objetivo el de facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país), que representa el 60% del total de fondos asignados y que fue ejecutado en un 11%.

Más allá de la irresponsabilidad despechada de Kulfas, probada en las 14 carillas de su renuncia, es justo decir que esta subejecución convive con cifras notables que también califican su gestión: en el mes de abril crecieron 11 de 16 sectores económicos respecto del mismo mes de 2021, que implica un crecimiento industrial global del 5% para el mismo mes y del 4% acumulado en el primer cuatrimestre. Comparativamente, el Ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta opera sobre cifras inelásticas a la baja por la complejidad de la problemática, tiene poco presupuesto para afrontar el crecimiento de los femicidios y las violencias, lo gasta casi todo y el impacto en las cifras más elocuentes es casi nulo.

Las empresas en condiciones económicamente favorables y subsidiadas por el Estado tienden mejorar sus niveles de productividad (con impacto consecuente en los niveles de empleo, más en negro que registrado), los hombres, las instituciones patriarcales, en condiciones normales y favorables persisten en la discriminación, las violencias de todo tipo e incluso los asesinatos.

Si contabilizamos el total de las partidas presupuestarias previstas para reducir las brechas de género (un 15,5% del total considerando todos los organismos estatales), puede decirse que alcanzaron los $9.19.504 millones y tuvieron un impacto positivo que no refleja el nivel de ejecución (un 17,6%). Pero hay que sumarles otras inversiones (gastos para derechas y ultraderechas) importante, como el Programa Tarjeta Alimentar (con 3.300.000 beneficiarixs de lxs que el 94% son mujeres) y el Potenciar Trabajo (1.223.000 beneficiarixs de los cuales el 64% son mujeres).

Así como la verdadera política social se cifra en la acción del Ministerio de Economía, mucho más que en Desarrollo Social, la verdadera política para reducir brechas de género también.

Toda victoria es cultural antes que electoral

Es la economía, amigues (basta de estupidizar a la gente que pone el acento en otras cosas): con una inflación anualizada del 70% y salarios formales entre 3 y 5 puntos por debajo, nadie gana elecciones. Ni Alberto, ni Massa, ni Cristina, ni nadie. Con el agravante de que de un ajuste cruel nadie vuelve.

Pero digamos también que revertir el relato de que el Estado gasta mucho y mal (sin considerar el modelo que justifica los montos y las prioridades atendidas), que ése gasto está indisolublemente asociado a la corrupción (que es sólo estatal, nunca privada) y que las reformas impositivas progresivas que buscan financiar políticas públicas son confiscatorias (¿por qué no imitamos el ejemplo del Aporte Extraordinario incluyendo asignaciones específicas en el proyecto para gravar renta inesperada?).

Así, la posibilidad de revalidar en 2023 para el Frente de Todos puede equiparase con una hazaña.



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